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IMIPE en el Foro de Arranque del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021

Cuernavaca, Morelos, 15 de noviembre de 2016.

Mireya Arteaga, Ivonne Rosales y Víctor Díaz, comisionados del IMIPE en el Foro de Arranque del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021.

La sociedad civil acompañará a los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) en la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que mandata la Ley General de Transparencia con el objetivo de construir, organizar y operar políticas públicas de transparencia y acceso a la información en todo el país. En la construcción del Programa participarán las distintas coordinaciones regionales y comisiones temáticas del SNT, integradas por los organismos garantes de las entidades federativas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Archivo General de la Nación (AGN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Construyamos un trabajo plural donde tengan amplía participación los comisionados del Sistema Nacional de Transparencia” puntualizó Mireya Arteaga, presidenta del IMIPE y Coordinadora de los Órganos Garantes de la Región Centro del SNT.

El comisionado del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, aseguró que el Programa debe consolidarse como el instrumento rector de las políticas públicas, que deberán diseñar e implementar los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Al participar en el Foro de Arranque del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021, en representación de Ximena Puente de la Mora, presidente del INAI y del Consejo Nacional del SNT, el comisionado afirmó que fortalecer las capacidades institucionales de los organismos garantes es uno de los pilares fundamentales para que el Programa Nacional funcione y brinde resultados. ''Es decir, que todos los integrantes del Sistema Nacional contemos con una capacidad administrativa y de gestión sólida, pero que al mismo tiempo sea flexible, para que nos permita adaptarnos y hacerle frente a los cambios que se nos presentan continuamente'', subrayó Chepov. A su vez, el comisionado Oscar Guerra Ford propuso que las acciones del Programa Nacional estén sustentadas en la oferta y la demanda de información, así como lo establecido en la Ley General de Transparencia. “Creo que el Programa deberá estar dividido en lo que es la oferta informativa, con todas sus cuestiones, que son obligaciones de transparencia, transparencia proactiva y gobierno abierto […] y la otra pues es la demanda”, precisó.

“Es importante generar una agenda de actividades Nacional donde se tomen en cuenta las voces de la sociedad civil”, enfatizó Víctor Díaz, comisionado del IMIPE y Coordinador de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas del SNT.

Guerra Ford se pronunció a favor de que el Programa se ajuste al cumplimiento de todas las disposiciones la Ley General y los Lineamientos que ha aprobado el Sistema Nacional de Transparencia. “Hagamos lo que la Ley nos mandata”, insistió. En su intervención, Lourdes Canales Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), advirtió que para concretar el Programa Nacional de Transparencia, se requieren las Leyes Generales pendientes de aprobación en el Congreso de la Unión. “Que ya haya una Ley General de Archivos que todavía se está discutiendo en el Senado y que en Cámara de Diputados, pues se dictaminé y se apruebe la Ley General de Datos Personales. Hasta que no se tenga este mapa normativo concluido, no podrá implementarse de manera exitosa el Programa Nacional de Transparencia”, enfatizó. Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social y Cooperación (GESOC), planteó la necesidad de identificar los temas fundamentales a los que el Programa Nacional debe contribuir, así como de contar con una entidad para supervisar el diseño y la construcción del mismo. “Tener una entidad que tuviera una visión de 360 grados, que permita que todos los que están en eso no nos perdamos a la hora de estar diseñando y que pueda llamar, corregir y decir: cuidado la ruta que estás siguiendo se está yendo por otro lado, recuerda que lo que buscamos es esto, estos son los objetivos, estas son las causas y esto es lo que sí podemos hacer”, destacó. Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e investigación, hizo un llamado a no perder de vista cuál es el fin último de la reforma constitucional en transparencia y el reto que representa la implementación de la Ley General en la materia. “Es la garantía del acceso a la información de las personas, de una sociedad que está enojada, que está frustrada, indignada, que ya no cree en sus instituciones. Estamos viviendo una crisis de legitimidad de las instituciones de proporciones enormes y la información oportuna, útil, veraz, puede probablemente acercar la brecha entre representantes y representados, entre gobierno y ciudadanía”, apuntó. Por su parte, la senadora María del Rocío Pineda Gochi, quien participó en representación de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, reconoció la necesidad de avanzar en la Ley General de Archivos, ya que dijo, éstos son la materia prima de la información, al tiempo que se pronunció por fomentar una cultura de la transparencia. “Muy importante lo que se ha dicho aquí y yo lo resumo. Provoquemos la transparencia, pero también, más que aplicar la ley, provoquemos una cultura de legalidad, una cultura de transparencia, de rendición de cuentas”, manifestó. Rocío Campos Anguiano, del órgano garante de Colima y coordinadora de la región Centro-Occidente del SNT, hizo notar que el Programa Nacional de Transparencia debe ser concebido como un instrumento rector en la política pública. “Estamos ciertos de la trascendencia de contar con un instrumento técnico que permita, en principio, dimensionar l realidad del derecho a la información, pero que también ofrezca opciones reales para abatir desigualdades y que en todo el territorio nacional permita el disfrute de sus beneficios, con parámetros y condiciones similares”, apuntó. Por su parte, Héctor Octavio Carriedo Sáenz, del órgano garante de Durango y coordinador de la Región Norte del SNT, dijo que para que tenga éxito el Programa Nacional de Transparencia, una vez homologadas las leyes de transparencia en todo el país, faltaría homologar los presupuestos de los organismos garantes en los estados. “Los diputados deben tomar conciencia que cada peso que se invierta para fortalecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas en el país, va directamente proporcional al aumento de la vigilancia social y a la mejora de la gestión pública. Se homologaron las leyes pero no se homologaron los presupuestos”, remarcó. Mireya Arteaga Dirzo, presidenta del órgano garante de Morelos y coordinadora de la Región Centro del SNT, destacó la importancia del trabajo conjunto para la construcción del Programa Nacional. “Hagamos y construyamos un trabajo plural, enterado, y en donde le demos participación amplia a todos los comisionados que conformamos este Sistema Nacional de Transparencia”, exhortó. Finalmente, Víctor Manuel Díaz Vázquez, del órgano garante de Morelos y coordinador de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del SNT, se pronunció por hacer un mayor trabajo de transparencia con la sociedad y pidió que no sea el aspecto económico el que detenga el Programa Nacional de Transparencia. “Ya tenemos una ley, la mejor, pero de nada sirve si no la ponemos en práctica. Una de las mejores prácticas que podemos hacer, para que funcione, es este programa. Evitemos entrar en polémicas que no llevan a nada y que sólo alimentan el gusto de aquellos gobernantes que no desean entregar la información, de aquellos que desean tener sometidos a los órganos garantes, a través del ejercicio presupuestal”, indicó. En el foro, organizado por el INAI, participó también el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas; así como comisionados y consejeros de los órganos garantes de las entidades federativas. Se prevé que los integrantes del SNT elaboren el Programa Nacional en un periodo aproximado de cinco meses, en el que se llevarán a cabo diferentes foros de discusión y consultas a expertos.

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